Basilio Pozo-Durán

De cuando el PP defendía la Banca Pública (Basilio Pozo-Durán)

Proposición de ley del Grupo
Popular sobre las bases de la empresa pública.

(Blas Camacho Zancada, portavoz del PP):

Señor Presidente, señorías, voy a presentar en nombre del Grupo Popular la proposición de ley de bases de la empresa pública, que consideramos que puede introducir orden en un sector que está por cierto bastante desordenado desde antes de la aprobación de la Constitución.

El Grupo Popular sostiene que el sector público actualmente se rige por un sistema legal preconstitucional y precomunitario. Las leyes que rigen el sector público son: la Ley del INI, del año 1941; la Ley de Entidades Estatales Autónomas, de 1958; la Ley del Patrimonio del Estado, de 1964 y la Ley General Presupuestaria, de 1977. Sólo a partir de aquí se han ido introduciendo sucesivas reformas en las leyes presupuestarias, incluido el texto refundido de 23 de septiembre de 1988. Pero esto no significa que se haya desarrollado ni una línea de la Constitución en la gestión y administración del sector público.

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Lo que el Ministro de Industria, y ahí están los diarios de sesiones, dice: No vamos a traer un plan de privatización a esta Cámara -hace menos de un mes lo decía desde su banco azul-; no vamos a privatizar nada. Eso lo tengo subrayado en los diarios de sesiones, y resulta que, en cuanto vienen cuatro días de fiesta, nos enteramos que están privatizando todos, y cuando llegue el mes de vacación parlamentaria, el mes de enero, no quedará una sola empresa rentable en el INI, porque así lo están amenazando ya con las declaraciones los presidentes de empresas públicas.

Miren ustedes, esta proposición de ley que nosotros traemos aquí está no sólo haciendo necesaria la definición de un marco de la empresa pública, como decimos en el Título 1, sino que además creemos que es imprescindible la reserva al sector público de recursos y servicios esenciales. Nosotros pensamos que el Estado debe tener recursos y servicios esenciales que debe gestionar en su mayoría pública, con su capital público y cueste lo que cueste, porque irán en beneficio del interés general y de todos los ciudadanos.

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Si ustedes han leído cómo se llama ahora la nueva Corporación Bancaria es todo un síntoma de pedantería y de nuevo rico; la llaman Argentaria. Argentaria es algo que no tiene nombre, porque venir del latín plata o del francés dinero a una Corporación Bancaria, que es la primera de este país, me resulta hasta cursi, permítanme que se lo diga así. Yo creo que ustedes no debían ni consentirlo, porque no se puede ir por la vida con la primera Corporación Bancaria de este país, repito, llamándola nada menos que Argentaria. Pues bien, esta Argentaria pública y del Estado se va a privatizar sin que sepamos cómo ni cuándo.

Yo entiendo, señor Presidente, señorías, que estamos ante una circunstancia realmente grave, a veces podríamos decir que cómica, si no fuera porque nos estamos jugando aquí, con una frivolidad sin límites, todo el sector público del Estado, que por obra y gracia de las circunstancias que hemos vivido, donde se creyó en la autarquía como una solución a nuestros problemas económicos, el sector público era muy importante en este país.

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Nosotros pensamos que la privatización puede ser necesaria; no vamos a empecinarnos en absoluto. Somos partidarios de que se privaticen las empresas que tienen que funcionar mejor en el ámbito de la economía privada. Que no se privaticen los recursos o servicios esenciales que tienen que ser necesariamente llevados desde el Estado, pero estos son mínimos, y para ello lo único que pedimos es que el Consejo de Ministros lo haga en virtud de real decreto; que remita una memoria justificativa al Congreso de los Diputados y al Senado sobre las causas de privatización; que se haga en valoración por expertos independientes; que el precio de venta no sea inferior a la valoración resultante, porque si es urgente hacerlo no vamos a impedir la venta directa para que el Estado no pierda dinero, pero que se acredite la continuidad de la empresa y el desarrollo futuro para que se transmita a propietarios determinados que salven el empleo y el beneficio. Pedimos que se reserve un porcentaje del cinco por ciento para que sea suscrito por los trabajadores de la empresa de cuya privatización se trate; que los empleados de las empresas objeto de privatización conserven los derechos y obligaciones conforme a la legislación laboral, y que el resultado de las privatizaciones se destine al saneamiento del sector público empresarial y a amortizar deuda pública.

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Nuestro esfuerzo queda aquí para los anales de esta etapa que vive España, en donde el sector público precisamente no está siendo ejemplar, sino un mal ejemplo de las circunstancias que está añadiendo a las comunidades autónomas, a las corporaciones locales para algo que cuando salga a la luz se verá que hay poca transparencia, poca generosidad, poca administración coherente y pocos beneficios para el interés común de los ciudadanos.

Muchas gracias, señor Presidente.

(fuente: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, pleno del 10 de diciembre de 1991, págs. 7612 – 7615)