Delitos urbanísticos y delirios en el PSOE de Málaga (Equipo de Investigación y Análisis Político, EIAP)
Ante lo que sucede en Málaga con los presuntos, y no tan supuestos, casos de corrupción urbanística que la justicia viene destapando y que inciden en servidores públicos, familiares, allegados y promotores, lo lógico hubiera sido que los partidos políticos actuaran. Deberían haberlo hecho para restituir la legalidad violada, el medio ambiente dañado, y como un rearme moral para prevenir la desafección a las urnas que puede asolar a una ciudadanía desconcertada que ni está contaminada ni tiene por qué ser cómplice de estos estercóreos.
Pero parece que Málaga fuera diferente. Aquí no es ésta la respuesta de las direcciones del PP y PSOE, sino más bien la contraria. Trasladan la imagen ‘victimista’ de leyes injustas que recaen sobre sacrificados de la salvaguarda y el interés general. Ignoran la raíz normativa sobre la que se tipifican los delitos, e incluso osan interpretarla hasta dar lecciones sobre su resolución -supliendo al Poder Judicial- con la interesada calificación de meras faltas administrativas. Plantean la reforma de las leyes urbanísticas -presionando para reemplazar la voluntad del legislativo- rompiendo, incluso, en sus discursos -peticiones de amnistías o indultos- uno de los pilares en que se fundamenta nuestra seguridad jurídica: la imposibilidad de la retroactividad en la aplicación de las leyes. Eso, cuando no descalifican al ejecutivo andaluz por su empecinada actitud de velar y hacer cumplir la legalidad. Es decir, un cúmulo de despropósitos atentatorios contra la separación de poderes del Estado de Derecho.
Los delitos de las distintas tramas (la Malaya de Marbella; la operación Troya de Alhaurín el Grande: el caso Arcos en Alcaucín; el Astapa en Estepona; el Ballena Blanca en Manilva, El Almexía en Almogía …) han tenido su origen en el Código Penal, no en normativas urbanísticas. La figura del cohecho se remonta a 1922. Otro tanto ocurre con los de prevaricación, falsificación de documentación público, blanqueo de capitales, tráfico de influencias… Así hasta el delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente que se introduce en dicho Código en 1995 con el Gobierno de Felipe González.
En cambio, la ‘maldita’ Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) entró en vigor el 20 de enero del año 2003. Es en esta norma en la que se centra la artillería pesada de los que prevaricaron a sabiendas concediendo licencias de obras que vulneraban los planeamientos locales, pese a contar con informes negativos de los técnicos municipales o de los secretarios, o falseando incluso la documentación pública.
Bajo la misma argumentación, tampoco tiene lógica esa separación de los delitos que pretende trasladar el discurso de que entre los que infringen las leyes hay buenos y malos, según hayan sido compensados los ediles de la autoría ilícita con dinero dentro o bajo el colchón, con especies, con favores difíciles de desentrañar o con el voto de los vecinos agradecidos.
Así lo ha escenificado el PP en el caso Gürtel. A la persecución de delitos urbanísticos le llaman ‘cacerías’ contra los procesados. Su caso malagueño en Alhaurín el Grande ha ido en la misma línea. Ahora habla Mariano Rajoy -el de la paciencia de Job e incapaz de tomar una decisión- de elaborar un código ético. Poca o nula fe merece esa propuesta cuando está ausente la voluntad política de llevarla a efecto. En la Línea de la Concepción han esperado hasta la ejecución de la sentencia judicial para que se vaya el ‘gilista’ alcalde del PP, Juan Carlos Juárez. No asumen la responsabilidad política y se acogen a la presunción de inocencia, campo judicial y no político, hasta que no haya sentencia, sea cual fuera la gravedad de las transgresiones imputadas a sus militantes.
En cambio, en el PSOE la cosa no es así… pero en el ámbito estatal. Tampoco lo era hasta hace meses en Málaga. Pero en este cantón socialista se ha pasado, en un santiamén, de tolerancia cero a los delitos urbanísticos a disquisiciones sobre el amor fraterno que se le profesa a aquellos cargos públicos que aunque han delinquido en la trasgresión de leyes no se les ha encontrado dinero en negro, bien porque no se les ha descubierto o porque simplemente no los han trincado. De este modo, mantienen en sus puestos a alcaldes, como el de Almogía, que manifestó que si era imputado dimitiría; o no impiden que se vuelvan a presentar quienes fueran condenados, mientras no sea firme la sentencia (igual que en la Línea).
Durante este contradictorio transcurrir, acontecen en las filas oficialistas del PSOE malagueño los descréditos al eficaz trabajo del Servicio de Protección de la Naturaleza SEPRONA de la Guardia Civil, dependiente del ministro socialista Rubalcaba. Tachan de inflexible a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, dirigida por el socialista Juan Espadas, o atacan a la LOUA, a pesar de haber sido aprobada en el Parlamento de Andalucía con mayoría socialista y bajo el impulso de Manuel Chaves, secretario del PSOE-A y presidente de los socialistas a nivel estatal. No hablemos de lo que se les escucha de la ex consejera de Obras Pública de la Junta y hoy diputada socialista por Jaén al Congreso de Diputados, Concepción Gutiérrez, a quien, por considerarla guionista de la LOUA, ponen a diario a caldo tanto ediles axárquicos imputados como parte de la dirección socialista malagueña, así como, fuera de ella, el ala aún más cerril que comanda Salvador Pendón.
El error de la dirección del PSOE malagueño ha consistido en que, en vez de haber enmarcado la situación de los imputados o condenados como un tema individual de defensa jurídica que corresponde ejercer a cada persona que infringe cualquier ley, la ha interiorizado como un problema del conjunto de la organización provincial socialista que se ve obligada a su defensa para no dañar su imagen. Tremendo traspié. Claro que consumado el lío, ya no sabe dónde situarse cada uno ni dónde se debería posicionar. Pero esa contradicción arrastra una lógica: los alcaldes y concejales socialistas imputados dieron hace más de un año su voto para elevar a Miguel Ángel Heredia a la Secretaría General con la condición de que los salvara del infierno de la justicia, de ahí la hipoteca que en estos momentos arrastra la actual dirección del PSOE malagueño.
En esa perorata de la sinrazón aparecen corriendo aceleradamente en la misma dirección y en pluscuamperfecta simbiosis de cara a la consecución de méritos internos, tanto el susodicho secretario del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, como el ínclito Pendón: responsable de la institución provincial que debe velar también por el cumplimiento de la legalidad de los municipios malagueños, y, más grave aún a nivel partidario, responsable del PSOE-A para la Ordenación del Territorio. Por tanto, ambos dirigentes se mueven con los suyos para ver quien defiende mejor a los perseguidos por la justicia y así ganar esos votos orgánicos para sus diabólicas batallas por el control del PSOE malagueño. Más, cuando perciben que están en puertas un Congreso Extraordinario, cumbre andaluza que aunque se prevea destinado prioritariamente al pase de José Antonio Griñán de líder moral a real, no puede evitar que en la asamblea provincial para designar los delegados malagueños se planteara una moción de censura a la actual ejecutiva que encabeza Miguel Ángel Heredia, hecho que de prosperar provocaría su caída.
Enmarcado en este contexto, son cada vez más los afiliados socialistas malagueños no dependientes del empleo orgánico o público que se cuestionan la inexplicable marcha con destino al abismo en el que están empecinados los que ahora dirigen el PSOE provincial. En la actualidad, estos dos sectores socialistas -Heredia/Pendón- aparecen confrontados al Código Penal, a jueces, a guardias civiles, y a las normativas de una Junta de Andalucía que desde su creación está bajo poder socialista. A su vez, despotrican de cualificados miembros o ex miembros del Gobierno socialista andaluz y hacen caso omiso a lo que el responsable real del PSOE-A con residencia en nuestra comunidad autónoma, Luis Pizarro, les manifiesta cada vez que viene a Málaga: que las leyes están para cumplirse y que cualquier solución a ese problema del urbanismo ilícito pasa por el cumplimiento del marco legal existente; es decir, nada del otro mundo. Mientras, los díscolos ediles y los dirigentes que les apoyan prosiguen dando claras pruebas de su desafío a las directrices del departamento que dirige la ordenación del territorio en Andalucía con el que muchos ayuntamientos, bajo el color del PSOE, se niegan a colaborar. De ahí la contundente respuesta expresada la pasada semana en Málaga por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Espadas, amenazando con retirarles las competencias a estas corporaciones locales y con aprobarles, desde la administración autonómica, los planeamientos que no desean tener. La negativa de estos alcaldes está fundamentada en que su aprobación les pondría al descubierto ante la justicia las licencias de obras ilegales firmadas y que son de imposible legalización, lo que de seguro les significaría el posible riesgo de emprender camino hacia Alhaurín de la Torre.
Claro que, después de esta fatal encrucijada, estos dirigentes provinciales del PSOE nada pueden decir de su discurso sobre la sostenibilidad urbanística y ambiental, ni del daño causado a los recursos naturales por las decenas de miles de viviendas ilegales sin equipamientos construidas en la Axarquía y en otros lugares. Tampoco les cabe denunciar que se sigan vertiendo aguas fecales al pantano de La Viñuela, el mayor embalse de Málaga para el abastecimiento de agua potable. Pensarán que es inútil esa alocución, y que además no sería verosímil tras el ingreso del tránsfuga alcalde de Ronda y de “Los Merinos” en las filas socialistas. Lástima que el PSOE de Málaga, perdido el proyecto, los valores y los principios, sea hoy una caricatura que tan bien se ve reflejada en el espejo del PP, tanto como para que el propio Miguel Ángel Heredia anuncie un código ético, casi simultáneo en fechas al mismo pronunciamiento de Mariano Rajoy. Ahora bien, la tragedia que se le presenta a la dirección del PSOE de Málaga es que dispone de un exigente electorado difícilmente dispuesto a seguirle o a comulgar con semejantes ruedas de molino. Y esa ruina electoral podría tener sus consecuencias sobre las mayorías de que disfruta el PSOE en Madrid y Sevilla.
Concluyendo, el escenario descrito hace inexplicable que no haya ningún toque de atención o intervención en Málaga por parte de los órganos superiores del PSOE. Coincidente con esta línea nos comentan algunos experimentados socialistas malagueños que han sido apartados de la actividad política partidaria por lo que ellos tachan de una oleada de “niñatos y catetos sin méritos, currículos, prestigio, brillantez, o capacidad política alguna, con desconocimiento de la gestión pública y sin que tan siquiera cuenten con inserción en la vida civil malagueña” prosiguen, calificándolos de “conspiradores natos y aferrados al poder orgánico confundiendo el trabajo en la política, no como ética vocacional sino como blindaje particular para el acceso a un empleo en el sector público sin concurso ni oposición”. “Esta composición de baratija le está haciendo un enorme daño al proyecto socialista en Málaga que va a costar muchos años levantar si no se actúa de inmediato” rematan. En parecido tono, nos comentan otros ‘con carnet’, que orgullosamente nos los muestran, que para la actual dirección a quien haya pasado hace algunos años la barrera de los cuarenta les dicen que ‘ya se les ha pasado el arroz’. Y ante este panorama sombrío de despiste generalizado del socialismo malagueño, manifiestan: “si ante el pago atrasado de una factura por el secretario general de los socialistas de la Comunidad Valenciana hace un par de años disolvieron a la dirección del PSVP y la sustituyeron por una gestora, no saben a qué esperan aquí ya que puede situar al PSOE en la misma dirección de lo que acontece con el voto socialista en Valencia, Murcia o Madrid”.
Como guinda de los desatinos del PSOE de Málaga se nos ha servido el nombramiento del condenado Enrique Salvo Tierra para dirigir las obras del Metro -ningún socialista de los consultados llega a entenderlo en privado- que debe de llevar a cabo en consenso con la persona a la que injurió y calumnió según sentencia firme: es decir junto al alcalde Francisco De la Torre. Y todo por no saber interpretar un plano de superficie de la Térmica, con lo que habrá que estar en aviso de sus lecturas a los planos del subterráneo. Ante este hecho, lo que sí tienen claro otros socialistas consultados, es que ya no les extraña nada de lo que pasa en el PSOE de Málaga. Unos han nacido estrellados y otros con estrellas (caso de Salvo Tierra que se quema por donde brevemente va pasando pero que sus superiores para quitárselo de encima por exigencia de las mediocres direcciones del PSOE de Málaga, antes Bustinduy y ahora Heredia, lo van pasando de un puesto a otro).
Todo demuestra que entre los socialistas malagueños, el surrealismo y la incompetencia priman y el principio de no especialización lo tienen bastante bien asumido, tanto como que el tuerto es el rey en un mundo de ciegos… Todo lo contrario a lo que el máximo dirigente de la Junta, Griñán, predica pero que nadie tiene en cuenta, empezando por los propios nombramientos en los Consejos de Gobierno que preside.
fuente: http://www.revistaelobservador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3070&Itemid=64
